Cuenca.- Cinco miembros de la Policía Nacional fueron emboscados por personas armadas cerca de la media noche del último sábado, 30 de mayo, en el sector conocido como Cochapamba, en Molleturo.
Los agresores, que aún no han sido identificados, obligaron a los policías a bajar del patrullero en el que se movilizaban y los golpearon. El vehículo policial fue destruido y arrojado en una quebrada de unos 200 metros (m).
El ataque se produjo cuando los agentes policiales retornaban luego de verificar el enfrentamiento que se había producido entre comuneros de esta misma zona.
Al parecer se trató de una disputa entre pobladores que están a favor y en contra de la minería. En este lugar se encuentra el proyecto minero Río Blanco, que actualmente está suspendido por una orden judicial.
Los uniformados heridos están identificados como: cabo segundo Alexander G; Bryan C., Juan G., Romario D., y Bryan Francisco C., Los cuatro últimos tienen el rango de policía.
De acuerdo con un reporte de la Policía Nacional, los atacantes hicieron varias detonaciones. Los uniformados heridos se internaron en la maleza y luego de unas tres horas lograron pedir ayuda.
Uno de policías llegó hasta la entrada a Migüir, al restaurante Capillapamba, donde logró pedir auxilio y fue evacuado hasta un hospital en Cuenca.
Grupos de inteligencia y élite de la Policía Nacional fueron movilizados al lugar y lograron rescatar a los otros tres uniformados, quienes habían sido despojados de sus prendas policiales.
Un quinto agente policial agredido fue localizado horas después también herido. Todos fueron ingresados de emergencia a un hospital en Cuenca. Su estado de salud es estable.
Hasta ayer, 31 de mayo, las autoridades policiales y de la Gobernación de Azuay no dieron ninguna versión oficial sobre lo ocurrido, por lo que se espera un pronunciamiento para hoy.
La Fiscalía de Azuay inició una investigación para ubicar a los agresores, quienes serán indagados por tentativa de asesinato, agresión a servidores policiales y destrucción de patrullero policial.
Cabe indicar que en esta zona los conflictos son constantes entre los comuneros, pues algunos apoyan a la minería y otros, cuya consigna es la defensa del agua, están en contra.
Allí está una concesión minera a cargo de la firma Junefield Mineral Resources, de China. En junio de 2018 el juez Paúl Serrano dispuso que se detenga porque no hubo una consulta previa con la comunidad.
Poco después de esto pobladores antimineros incendiaron el campamento de esta empresa y obligaron a salir de los guardias de seguridad. Este hecho también está bajo investigación.
